El gobierno del PP en la Junta de Castilla y León continua empeñado en la puesta en marcha de una macro mina de magnesitas a cielo abierto en el término municipal del soriano pueblo de Borobia -Castilla-, junto al nacimiento del río Manubles.

Ayer, varios consejeros del gobierno presidido por Juan Vicente Herrera visitaron la localidad de Borobia para respaldar con su presencia el proyecto privado de la empresa ‘Magnesitas de Soria’. La explotación minera proyectada estaría a unos escasos 200 metros del límite con Aragón y tendría una extensión equivalente a 450 campos de futbol, más de 450 hectáreas, aunque la Evaluación y Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en el que se apoyó la concesión fue para una extensión mucho  menor.

Aunque el presidente de Castilla y León comparte militancia con nuestra presidenta, Luisa Fernanda Rudi, no parece que esta tenga capacidad política suficiente para influir en su conmilitón y paralizar el proyecto minero, tal y como mandataron las Cortes de Aragón en una resolución aprobada en 2013. Lo mismo podría decirse de Javier Lambán, puesto que el secretario general del PSOE en Aragón también es incapaz de influir en sus correligionarios del PSOE soriano, que también apoyan la apertura de la mina.

Sin embargo en nuestro país los cinco partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón, PP, PSOE, PAR, CHA e IU, “rechazaron la apertura de la mina de magnesitas que afectaría ambientalmente a las comarcas aragonesas del Aranda y Comunidad de Calatayut”. En la resolución aprobada unánimemente se explicaba que “el proyecto minero a cielo abierto causaría una grave afección a recursos naturales y humanos y tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios aragoneses del entorno de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Xalón”, y solicitaba a la Junta de Castilla y León y al gobierno del Estado español “que paralicen este proyecto de forma definitiva”.

Ana Carrera, miembro de la Plataforma en Defensa del Agua y el Suelo explica como “ayer Borobia se vio ocupada por más de 50 guardias civiles, policías  y guarda espaldas como si se  tratara de la toma de la Bastilla. Acudieron los políticos de la JCyL acompañados del industrial Revilla para impulsar al alcalde en todas sus tropelías municipales -no ha presentado cuentas económicas desde hace tres años, insulta a los que se oponen al proyecto minero y ha creado un clima social propio de una dictadura- con el objetivo de que el proyecto minero se lleve a cabo”.

“Llevamos 10 años denunciando el atropello que significa este proyecto minero en las afecciones al agua, los ríos , la tierra y la biodiversidad en Soria y Aragón, pero en el gobierno de Castilla y León se ha instalado el pensamiento único, la clase política está habituada al trapicheo con las empresas mineras que se han instalado ilegalmente en toda la zona de León, al igual que hicieron en Borobia en la última etapa de la dictadura franquista con la mina Gandalia, se llevaron  el mineral y como regalo dejaron residuos enterrados, sin que hayan sido investigados por los responsables sanitarios, la carretera quedó destrozada por el paso de camiones, y tuvo que costear el pueblo su arreglo tras el cierre de la mina”, detalla Carrera.

“¿A esto lo llaman desarrollo? ¿dónde fue a para la riqueza extraída? nada quedó en el pueblo, los mineros emigraron como mano de obra no cualificada y asentaron la población los ganaderos y agricultores que hoy se pretende expoliar y echar de sus tierras. Así comenzó la historía del expolio”, enfatiza para concluir Ana Carrera.