Desde primera hora de la mañana varias dotaciones de la Guardia Civil están sacando a ciudadanos de Borobia (Soria) de sus propiedades y medio de vida , sitas en el   paraje El Tablado, para que pueda entrar en ellas y llevárselas la empresa minera que pretende abrir una mina de magnesitas a cielo abierto para la que no tienen autorización.

A primera hora de la mañana ha llegado al camino de entrada un coche de la empresa minera y al ver a los propietarios se ha dado la vuelta y enseguida ha llegado la Guardia Civil que está obligado a los propietarios a salir de sus propiedades.

Los propietarios de El Tablado, agricultores y ganaderos que viven de explotar sus tierras y pastos, están siendo desalojados de dichas propiedades por varias dotaciones de la Guardia Civil para que pueda apropiarse de las mismas la empresa minera Magnesitas y Dolomías de capital franco griego.

El paraje El Tablado es una finca propiedad de más de 300 personas y tanto las parcelas como los caminos son de titularidad privada.

La entrada en esas propiedades tiene que contar con la autorización de sus legítimos propietarios, la omisión de dicha autorización vulnera la Constitución española y el Código Civil entre otros preceptos. En un estado de derecho la propiedad privada está protegida y  amparada por las leyes, cualquier entrada en la misma sin la autorización correspondiente vulnera la ley y es propia de regímenes totalitarios.

En febrero salió a información pública en el ayuntamiento de Borobia la solicitud de la empresa minera para realizar trabajos mineros en la finca El Tablado. Se han hecho numerosos alegaciones, tanto por parte de ciudadanos particulares como de partidos políticos y colectivos sociales. También han hecho alegaciones la Coordinadora de Municipios Afectados que agrupa a más de 30 municipios, tanto de Soria como de Aragón, que se verían afectados por la explotación minera en la cabecera de los ríos Manubles, Isuela, Aranda y Ribota.

La empresa basa su solicitud en un permiso de investigación que está caducado desde hace varios años, hecho que ha quedado reflejado en las alegaciones presentadas.

Las mayoría de las alegaciones no han tenido respuesta, entre ellas se encuentra la de esta concejala y su familia, la Coordinadora de Municipios Afectados, partidos políticos, ciudadanos particulares y colectivos sociales.

La concejala castellanista, Anunciación Crespo, ha sufrido amenazas, acoso e intimidaciones por su oposición a este proyecto minero en zona protegida por Directiva Comunitaria porque allí se captan aguas para consumo humano, entre otras protecciones.

Este proyecto minero está teniendo gran rechazo social, tanto por parte de particulares, colectivos, partidos políticos e instituciones. Las Cortes de Aragón, la Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, así como las Comarcas de Calatayud y del Aranda y la Coordinadora de Municipios Afectados se han posicionado desde un principio en contra del proyecto minero.

A. Crespo, Plataforma en Defensa del Agua y el Suelo