“[…] en el caso de que las empresas lograsen demostrar una producción competitiva y quisieran continuar con su actividad, deberían devolver el importe de todas las ayudas recibidas desde el año 2011, lo que implicaría que de forma automática las empresas dejarían de ser competitivas“

INFOBIERZO

El consejero de Economía y la patronal minera abordan el posible adelanto de la reducción paulatina de las ayudas hasta el cierre

El consejero de Economía y Empleo ha mantenido un encuentro de trabajo con los principales representantes del Grupo Alonso, Grupo Viloria y la Hullero Vasco Leonesa, en el que se ha analizado el posible adelanto de la reducción de ayudas por parte del Ministerio de Industria, más allá de lo que exige el nuevo reglamento de la Unión Europea.

Durante la reunión se ha analizado la situación del sector del carbón en España y en Castilla y León -tanto en lo referente al consumo del mineral como en la preocupación que mantiene la Junta de Castilla y León- y el sector de la minería energética, por el posible adelanto de las reducciones de ayudas por parte del Ministerio más allá de lo que exige el propio reglamento del carbón.
Este reglamento fue aprobado por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre, y en él se establecen los plazos y porcentajes obligatorios en la reducción de ayudas para todo el carbón europeo. Además, en él se indica que la primera reducción será del 25% en 2013 y sin embargo las empresas mineras están trasladando su preocupación por que dicho plazo se adelante a 2012, con un reducción del 10%.

El Consejo Europeo, a propuesta del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, estableció el final de las ayudas para el año 2018 ligadas a planes de cierre y por tanto al final de la actividad extractiva de las empresas.
El Consejo establecía que en el caso de que las empresas lograsen demostrar una producción competitiva y quisieran continuar con su actividad, deberían devolver el importe de todas las ayudas recibidas desde el año 2011, lo que implicaría que de forma automática las empresas dejarían de ser competitivas. Esta exigencia no ha ocurrido en ningún otro sector de la actividad económica en la Unión Europea.

Tanto esta exigencia como los plazos obligatorios de la reducción de ayudas han sido recurridos por las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón ante el Tribunal de las Comunidades Europeas.