Suárez-Quiñones señala que los trámites se han reiniciado esta semana

La explotación a cielo abierto de Nueva Julia reabrirá de nuevo «poco después de verano», según adelantó ayer en Ponferrada el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recalcó: «Hay bastantes esperanzas de que esto sea así».

Durante su visita a la capital del Bierzo, el subdelegado señaló que el «cronograma» pactado con Coto Minero Cantábrico, los sindicatos, la Junta y los ayuntamientos de Villablino y Cabrillanes ha compenzado a cumplirse esta semana. Ahora, una vez anulada la autorización ambiental inicial por la que estaba en funcionamiento la corta, se reinician los trámites de declaración de impacto ambiental para adaptarlos a las exigencias impuestas por la Unión Europea en su sentencia sobre los cielos abiertos en la zona, dictada el pasado mes de noviembre.

El subdelegado destacó que ahora se hará «una adecuada evaluación del impacto ambiental», para conseguir «cuánto antes» una nueva autorización que permita reabrir la explotación de acuerdo con las exigencias europeas.

Nueva Julia, que obtuvo en el 2003 la licencia ambiental entonces requerida por el Ayuntamiento de Cabrillanes, fue paralizada primero cautelarmente y luego definitivamente el pasdo 3 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León.

El cierre del cielo abierto llevó a la empresa Coto Minero Cantábrico a solicitar un Expediente de Regulación de Empleo para sus 56 trabajadores. A primeros de marzo, con la mediación del subdelegado del Gobierno, las partes implicadas lograron un acuerdo y la empresa, del grupo minero Alonso, aceptó ir recuperando a los trabajadores afectados por el ERE a partir de este mes.

El subdelegado insistió ayer en que se está cumpliendo la planificación pactada con las partes el mes pasado, «para poder abrir de nuevo la explotaión y que puedan coexistir la protección al medio ambiente con el sostenimiento económico de la zona a través de la explotación de carbón».

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo aceptó la medida cautelar reclamada por los colectivos ecologistas Montaña de Babia y Luna y Filón Verde, que recurrieron la licencia ambiental y urbanística concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes a la entonces MSP para la explotación de la corta. El juzgado exigía a la Junta la paralización de la explotación porque las autorizaciones concedidas en el 2003 no respetan las condiciones de la sentencia del Tribunal Europeo que exige una evaluación de la explotación que tenga en cuenta el conjunto de la afectación que produce en la zona.