El empresario minero está imputado por un presunto delito de cohecho activo

El periplo judicial de la explotación a cielo abierto del Feixolín, perteneciente a la empresa Coto Minero Cantábrico, CMC, sigue en marcha a pesar de que la citada corta está clausurada desde hace unos tres años.
Así, en la mañana de ayer, el empresario minero Victorino Alonso, propietario del grupo Alonso que engloba CMC y Uminsa, acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Villablino para, por un lado, recibir la notificación del auto en el que se le imputa como “presunto responsable del delito de cohecho activo” y, por otro, para prestar declaración sobre las labores de restauración realizadas en la citada corta. Apuntar que el exalcalde, Guillermo Murias, está imputado también por un presunto delito de “cohecho pasivo y prevaricación”, auto que aún no ha recibido.
El abogado del empresario minero, en declaraciones a Radio Bierzo, habla de un problema de “interpretación maliciosa de las actuaciones que estaban recogidas en el proyecto de restauración. No se explotó el carbón del Feixolín sino que se retira para poder cubrir los huecos con el estéril”.
Por su parte, el empresario lacianiego, Antonio Arias Tronco, representantes de la empresa Narsil promotora de las denuncias que han motivado que los jueces sentencien la ilegalidad del Feixolín, considera que Alonso “ha contestado con evasivas, que la restauración se está haciendo conforme al proyecto de restauración, que no se podía hacer de otra manera”, apuntó el abogado de Antonio Arias Tronco, Oscar Geijo a la salida del juzgado. Este procedimiento, tal como señaló Geijo, “ se debe a una desobediencia tanto a los decretos de la Alcaldía y del el Juzgado de lo Contencioso”.
Arias Tronco reiteró que no se ha realizado la restauración y que el relleno del hueco no se ha realizado con la “disculpa” de que se va crear un aula geológica en la corta del Feixolín.