Las montañas de Laciana y Babia, dejaron de temblar el día 25 de enero para recibir la noticia de la paralización de Nueva Julia, cielo abierto propiedad de Coto Minero del Cantábrico situado en Cabrillanes(León).  Dos autos judiciales  del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de León toman medidas cautelares ante esta explotación, anulando la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes y los proyectos de explotación y restauración autorizados por la Junta de Castilla y León. Esta decisión se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que, en noviembre del 2011, condenó al estado español por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en zonas protegidas y con presencia de animales en peligro de extinción sin evaluar su impacto ambiental.

El cese de Nueva Julia cierra un periodo en el que tanto instituciones como empresario podían pisotear las leyes sin ningún tipo de repercusiones, un ciclo de destrucción medioambiental y deterioro de la salud y calidad de vida de la población. Esta medida sienta  precedente en el respeto hacia las figuras de protección otorgadas por la Unión Europea, a las que el poder judicial no podrá hacer oídos sordos de nuevo.

Cuando se pone fin a la devastación de un territorio, a la concepción de la tierra como objeto de expolio y explotación, entonces y sólo entonces se abre una vía  para un futuro sostenible en Laciana. Porque , de la misma manera que no son compatibles el agua contaminada y la vida, conllevando la primera la aniquilación de la segunda, los cielos abiertos son irreconciliables con la protección de los espacios naturales y de la biodiversidad; tan cierto como que detruir jamás podrá ser sinónimo de cuidar.

Estas semanas estamos viviendo cómo las alcaldesas de Villablino y Cabrillanes, en diferentes declaraciones se han posicionado junto a la empresa CMC, pidiendo a la Junta de Castilla y León que genere un marco para que ésta pueda seguir desarrollando su actividad -ilegal, por cierto, aunque esto no lo mencionen- en ambos lugares. Han llegado incluso a reunir a la mayoría de sus concejales con la intención de ejercer presión para que la asociación Filón Verde retire la denuncia contra la explotación de Nueva Julia.

En el mundo al revés, con su justicia invertida, aquéllos que luchan por una vida digna para las gentes del valle en el que nacieron tienen que pedir disculpas, han de avergonzarse y esconderse los que quieren seguir bebiendo el agua del Sil sin contraer cáncer o acumular metales pesados en su organismo. En lugar de proteger las especies en peligro de extinción, se protege a Victorino Alonso, y se culpa a los ecologistas de la situación económica de Laciana. Todavía se  defiende el cielo abierto como principal fuente de empleo, obviando que hace 14 años que el estado español reparte generosas sumas de dinero de los fondos MINER para la generación de alternativas en las comarcas mineras, sin que éstas hayan revertido en absoluto en la población del valle.

El cierre de Nueva Julia se debe a sus numerosas irregularidades. Sólo se puede responsabilizar de ello a la

Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Cabrillanes y al propio grupo Alonso

pues unos dieron licencias y otros llevaron a cabo un proyecto claramente ilegal.

El empresario Victorino Alonso responde ante el cierre con un Expediente de

Regulación de Empleo para sus 64 trabajadores, a pesar de su capacidad organizativa,

estructural y económica que le permitiría recolocar a éstos en otros centros de

producción.

La inexistente depuración de responsabilidades, el señalamiento de los grupos ecologistas  por parte de las instituciones, están generando un clima de total impunidad en Laciana. Desde que se paralizó el cielo abierto, distintas personas relacionadas con la defensa de las montañas de Laciana han sufrido amenazas que han llegado hasta la puerta de sus casas, a veces en forma de gritos e insultos, otras en forma de pintadas, flechas que les señalan como verdes, grafitis en sus coches que versan ” VERDES NO”. La última amenaza fue más allá de las palabras y en la tarde del día 14 de febrero, un paisano recibió una paliza de tres encapuchados que tiraron un artefacto incendiario en su cuadra. La ausencia de consecuencias legales para estas agresiones o de medida de prevención alguna nos vuelven a hacer conscientes del silencio administrativo que ha reinado siempre en este conflicto.