El carbón se evapora

Las 525.000 toneladas de carbón que reclama Hunosa al Grupo Alonso son el 27,7% de todo el mineral que vendió para el almacenamiento estratégico y las mermas pactadas en los contratos con Uminsa y CMC son del 2% .

Diario de León 13/03/2013

¿Qué ha hecho Victorino Alonso con 525.000 toneladas de carbón del Almacenamiento Estratégico Temporal? ¿Dónde estaba Hunosa y sus inspectores mientras se evaporaba el equivalente a 20.000 camiones de carbón?

La respuesta está en la investigación que ha ordenado el Juzgado número 4 de Oviedo a la Guardia Civil. El caso del carbón desaparecido es un tótum revolútum, con el buque insignia de la minería privada en la antesala del concurso de acreedores y cerca de 2.000 trabajadores en el paro. La mayoría no tiene esperanzas de retornar.

Están en el aire 46 millones de euros de dinero público, una cantidad que roza los 49,1 millones, también de dinero público, que Victorino Alonso reclama al Gobierno por las ayudas del 2012 al carbón, a cuenta de las producciones de Uminsa y Coto Minero Cantábrico, las empresas en las que Victorino Alonso concentró, al cabo de dos décadas, las concesiones de más de 20 minas leonesas, palentinas y asturianas.

Las cuentas no cuadran

El caso arranca en septiembre del 2009 cuando el Gobierno de Zapatero manda al Ministerio de Industria crear el AETC (Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón) para salvar a las empresas carboneras, asfixiadas al suspender las eléctricas sus contratos, cuando se desactivó el mecanismo de garantía de consumo previsto en el plan del Carbón 2006-2012.

A su vez, Industria encarga a Hunosa la gestión del AETC y la empresa pública firma numerosos contratos con las mineras privadas. Dos de ellos con Coto Minero Cantábrico y cuatro con Uminsa, a las que llega a comprar un total de 1.800.000 toneladas al Grupo Alonso, por importe de más de 160 millones de euros. Sólo 90.000 toneladas —el 2% de mermas pactadas en los contratos— de este carbón adquirido por Hunosa pueden evaporarse por el clima y la erosión. Pero el carbón desaparecido supone el 27,7% de todo el mineral comprado por Hunosa al Grupo Alonso para el AETC. Las cuentas no cuadran. Ni siquiera aplicando el porcentaje de mermas más exagerado, el 10% que Victorino Alonso ha pretendido hacer reconocer como «mermas reales» al Instituto del Carbón.

En las facturas a Hunosa, incluidas en el informe de más de 30 folios que remitió a este instituto el 26 de diciembre, las mermas calculadas en un mes son del 0,1%, lo que supone el 1,9% anual.

Don Vito regatea

El regateo con las mermas viene de lejos. A finales de 2009, Alonso alerta al Instituto del Carbón, del peligro de colapso en los parques de carbón. «A partir de los plazos señalados ya no dispondríamos de espacio debidamente acondicionado para apilar más carbón por lo que sólo cabría la alternativa de utilizar suelos en fincas restauradas de los cielos abiertos con lo que se incrementarían los sobrecostes del transporte y los posteriores costes de restauración», dice terxtualmente la carta que Victorino Alonso dirige a D. Carlos Fernández Álvarez, en la planta séptima del Paseo de la Castellana, 160.

Asimismo, en mayo de 2011, el empresario intenta convencer al IRMC (Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón) de que las mermas reales son del 5%, del 6% e incluso más: «Existen causas más que sobradas para explicar la diferencia entre las mermas pactadas y las reales que, si bien son muy difíciles de determinar, podrían alcanzar valores cercanos al 10%».

‘Tótum revolútum’

Don Vito, como se conoce al empresario en las cuencas mineras, juega otra baza para explicar el extraño caso de las pilas marcadas a nombre de Endesa, que Hunosa incluye en las cuentas del carbón desaparecido. La pila del Caleyo no se ha tocado y de la de Fabero pila 14 solamente se han cargado unas 50.000 toneladas, con lo que han quedado liberadas en estas dos pilas unas 100.000 toneladas que servirán a partir de enero de 2013 para atender otros suministros diferentes a los que estaban garantizando», asegura el informe remitido al IRMC.

El caso es que Hunosa, hasta febrero de este año, en pleno escándalo no exige marcar las pilas que reclama como propias. El tótum revolútum se ha mantenido durante tres años largos sin que nadie pusiera pegas. Poco antes, el 21 de diciembre de 2012, la empresa pública acusa de «falta de diligencia» a CMC y Uminsa como vendedoras/depositarias en el apilamiento por no haber hecho «un almacenamiento ordenado para cada contrato suscrito con cada una de ellas sino que el apile, a pesar de lo indicado en sus propias certificaciones, se ha realizado sin diferenciar por empresa vendedora y contrato».

Victorino Alonso, por su parte, asegura que el carbón adquirido por Hunosa «ha sido compartido por Uminsa y CMC en sus parques de almacenamiento e incluso con el de las eléctricas». Y añade: «Parece imposible que Hunosa haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de esa falta de diligencia sin decidir, como podía, almacenar el carbón por sí misma según lo iba adquiriendo».

De la misma opinión es el consejero de Hunosa por Foro Asturias, Enrique Lanza, quien ve «poca diligencia» de la empresa pública y sus inspectores en todo el proceso de cumplimiento de los contratos.

Culpan a la huelga

En la primavera del 2011, los parques llegaron a su nivel máximo de acopios de carbón. Gerardo Biaín, apoderado del grupo y mano derecha de Victorino Alonso, apunta que en esa época llegaron a estar almacenadas en torno a los 5 millones de toneladas.

Los contratos no avalan explícitamente el tótum revolútum. Pero Victorino Alonso se apoya en las lagunas de la cláusula 3.2 para defender que permite almacenar los carbones mezclados al establecer que el acopio se hará «realizando la disposición física de los mismos que sea necesaria para evitar el riesgo de autocombustión derivado del azufre y los volátiles».

Y ambos, Hunosa y el empresario leonés, se escudan detrás de la huelga del año pasado para justificar sus incumplimientos. Hasta la fecha, Hunosa sólo ordenó entregar en térmica una pequeña parte del AETC almacenado en los parques del Grupo Alonso y vendido por Uminsa y CMC. Son 281.858 toneladas, de las cuales «se han entregado realmente 268.802» hasta el 30 de noviembre de 2012, según admite Victorino Alonso.

Estas cantidades distan mucho de las dispuestas para entregar en térmica por las resoluciones que fijan las cantidades de carbón a aplicar en el proceso de restricciones por garantía de suministro. En los años 2011 y 2012, Uminsa y CMC deberían haber entregado en térmica un total de 710.213 toneladas de carbón procedentes del AETC.

El desvío es de casi 500.000 toneladas y su entrega no depende sólo de las empresas almacenadoras sino también de que el gestor, Hunosa, lo reclamara. «En 2012 no se pudieron cumplir esas cifras debido a la huelga», excusa Gerardo Biaín, apoderado del Grupo Alonso y mano derecha del empresario.

Para Hunosa, la huelga también ha servido de excusa. En el consejo de administración de febrero de 2013, cuando por primera vez se aborda el problema del carbón desaparecido, la presidenta se escuda detrás de la huelga para justificar que durante el verano no se pudieron hacer las mediciones necesarias de las pilas de carbón.

Un millón de alquiler

El negocio del carbón tiene más aristas, pues las pilas del AETC no se almacenan gratis. El precio del alquiler por este servicio se fijó en 0,5 euros por tonelada al año más el IVA del 18%, según se desprende de facturas emitidas por Uminsa y CMC al gestor Hunosa. El arrendamiento supone más un millón de euros al año de estar todo el carbón apilado en los parques.

Cuando el escándalo del carbón desaparecido sale a la luz, Hunosa y el Grupo Alonso ya llevan un mes y medio tensando la cuerda. Hunosa intenta aplicar las garantías del contrato para cobrar los 46 millones de euros. Estas garantías son el patrimonio y las ayudas estatales a la industria de la minería del carbón y, casualmente, Uminsa y CMC están pendientes de cobrar 49,1 millones de euros de las ayudas del 2012.

Para demostrar que hubo incumplimiento de contrato, Hunosa intenta poner en marcha una actuación dirimente —decisoria a efectos contractuales— y en enero recurre al Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste y a una perito especializada, pero Victorino Alonso le para los pies.

La perito se explica

«Mi intención no es ni nunca ha sido realizar ninguna función dirimente en relación con los contratos a los que usted se refiere, pues ni me encuentro facultada para ello ni tengo interés alguno al respecto», asegura Estefanía Díaz en una carta remitida Uminsa.

La ingeniera entregará su informe definitivo en los próximos días después de iniciar una segunda fase del peritaje, a petición del Grupo Alonso, que entiende que hay una serie de pilas, sobre todo de carbones finos, que no se incluyeron en el primer informe.

Apropiación indebida

Hunosa tuvo contratados los servicios de Sadim, una filial suya, para realizar las mediciones periódicas del AETC y fue a primeros de año cuando reclamó la intervención del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo ha ordenado a la Guardia Civil investigar un posible delito de apropiación indebida a raíz de la denuncia presentada por Foro Asturias. Hunosa no ha podido poner en marcha las garantías contractuales, como pretendía, y tampoco asignarse las ayudas al carbón de Uminsa y CMC.

Las eléctricas tampoco aceptaron retener los pagos a las empresas de Victorino Alonso como pretendió Hunosa y en la resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Altenrativo de las cuencas mineras sobre las ayudas del 2012, el caso del carbón desaparecido no aparece como argumento para denegar las ayudas a CMC y Uminsa. Ambas empresas, al igual que la Hullera Vasco Leonesa, tienen deudas con la Seguridad Social.

Cortina en la agonía

Para los mineros el carbón evaporado es una cortina más en la lenta agonía del sector y de las cuencas mineras. «Hoy cumplí 44 años, 22 desde que entré de minero en la MSP. Hoy subí al lavadero de carbón de Villablino a recoger las cosas. Estoy en el ERE del sector servicios de Coto Minero Cantábrico. Sólo quedábamos nosotros. Es por seis meses, pero tengo la sensación de que es el final. Desde el 2010 para acá ha sido un sinvivir: retrasos en las nóminas, rebajas salariales…».

Roberto Morán es uno de los mineros que participó en la III Marcha Negra a Madrid. Es presidente del comité de empresa de CMC-Servicios Villablino. Un sindicalista de base. Más de 1.000 trabajadores están en expedientes de regulación de empleo y 400 despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado que no saben si cobrarán algún día. Con el fin del carbón se evapora su futuro.

Omar García es el secretario comarcal de Comisiones Obreras en Laciana. Sabe que Victorino Alonso no juega limpio, pero ve mucho enredo. «Nuestra prioridad es atender a los trabajadores. Estamos desbordados por los despidos», asegura.

Los sindicatos del consejo de administración, UGT y Comisiones Obreras, callan. El Gobierno tampoco ha contestado al diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, el único que ha preguntado en la Cámara Baja por el carbón desaparecido y las ayudas estatales de la minería del carbón a Vitorino.